La evidencia que impulsa el cambio

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El informe analiza la trayectoria histórica del salario mínimo en Colombia desde 1950 hasta 2026. Si bien el poder adquisitivo ha mejorado desde 1999, su participación en el PIB per cápita cayó de 66,8 % en el año 2000 a un mínimo histórico de 47,2 % en 2015. Los ajustes del gobierno Petro, por encima de inflación y productividad, comenzaron a revertir esta tendencia. El incremento del 23 % para 2026 redujo la brecha con la productividad de 18,88 % a solo 2,21 %.

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El informe evalúa la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia (PSDCC) 2022-2026. Destaca su formulación participativa —21 encuentros territoriales y 43 nacionales— pero identifica tensiones estructurales: ciclos de planeación desarticulados, indicadores insuficientes y autonomía histórica de la Fuerza Pública que limitan la implementación de las orientaciones del gobierno.

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La Política Nacional del Cuidado responde a la feminización histórica del trabajo no remunerado: las mujeres realizan el 89,4 % del cuidado no remunerado vs. 63,1 % de los hombres. El informe documenta avances normativos —Ley 2281/2023, Sistema Nacional de Cuidado— y territoriales, incluyendo el modelo de Bogotá. Identifica fragmentación institucional y debilidad del financiamiento como obstáculos centrales.

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En 2022, Colombia partía de una matriz energética concentrada: 68 % hidroeléctrica, 29 % térmica, 1 % FNCER. El informe documenta avances en la Hoja de Ruta de TEJ, Comunidades Energéticas, Ronda Offshore Eólica y electromovilidad. Advierte sobre el riesgo de que la transición reproduzca lógicas extractivistas sin política industrial local ni democratización del sistema eléctrico.

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En Colombia, más del 50 % de los ocupados son no asalariados. El informe analiza tres instrumentos del gobierno Petro: Centros ZASCA (70 operativos en 2024), Programa CREO (15.000+ desembolsos por $28.648 millones en su primer año) y reformas en compras públicas. Concluye que el régimen de contratación estatal —diseñado bajo presupuestos neoliberales— es el límite estructural para que las compras públicas operen como política industrial.

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El Sondeo Barómetro Progresista revela que la mayoría de la ciudadanía colombiana comparte valores progresistas: el 58,4 % prefiere un Estado que garantice la protección de los más vulnerables sobre uno de orden y tradición. El 59,5 % expresa esperanza frente a las elecciones de 2026, aunque el 62,3 % nunca sigue medios contrarios a su ideología, evidenciando una cámara de eco pronunciada, especialmente en estratos bajos.